El grupo jurídico de la letrada Odila Castillo publicó un firme comunicado el martes 1 de octubre, desmintiendo las imputaciones que han circulado recientemente en varios medios de comunicación de Panamá.
La defensa describió estas informaciones como ofensivas con intenciones maliciosas, impulsadas por intereses económicos específicos y creadas con el fin de perjudicar tanto la imagen profesional como la vida privada de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene carencia de base y transgresión de derechos
Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Castillo, afirmó que las acusaciones no tienen sustento y pretenden obstaculizar la trayectoria profesional de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estas ofensivas se encuentran intereses económicos encubiertos que intentan aprovecharse del desprestigio de Castillo.
La defensa enfatizó que este no es el primer asalto mediático que enfrenta la abogada. Hicieron referencia a un incidente análogo que ocurrió en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta sobre una supuesta arresto de Castillo, una noticia que más tarde fue desmentida.
Medias verdades y quebrantamiento de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones recientes como las del 2021 se fundamentan en «verdades a medias», alteradas con el objetivo de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Asimismo, denunciaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, dado que parte de la investigación proviene de un proceso familiar que ya ha finalizado.
Asimismo, se revelaron datos delicados como los movimientos migratorios y las declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilícita.
Monitoreo ilegal y procesos legales en marcha
La defensa dio a conocer que Castillo ha sido objeto de un seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente violación a su intimidad y una modalidad de vigilancia irregular. Carrillo declaró que se han infringido los derechos fundamentales de su representada, asegurados por la Constitución y las normativas panameñas.
Anunció que se llevarán a cabo todas las acciones legales requeridas para establecer la responsabilidad por los perjuicios ocasionados y los que se busquen infligir. El equipo jurídico se mantiene resoluto en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la justicia a quienes están detrás de esta campaña de desprestigio.
