El ultraderechista Javier Milei ha enviado este miércoles al Congreso un proyecto de ley con casi 700 artículos que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La ley ómnibus, como se llama por su extensión y variedad de temas, suponen la transferencia al Poder Ejecutivo de amplias facultades legislativas en cuestiones económicas, financieras, previsionales, fiscales, sanitarias y hasta electorales. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso, incluye además un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible con hasta seis años de cárcel si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos.
El texto enviado al Congreso advierte que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios; además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semaas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Al proyecto de ley enviado al Congreso este miércoles, se suman otras medidas que han elevado el descontento social durante las primeras tres semanas en la Casa Rosada. Primero, fue el decálogo de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien devaluó la moneda un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y la energía a partir de enero, entre otras medidas. Esta semana, el Gobierno también cesó por decreto los contratos de al menos 5.000 empleados estatales, tras la firma de un decreto con cientos de reformas que, según la lectura del Ejecutivo, no necesitaban pasar por el Congreso.
En la lista de reformas que propone el proyecto legislativo, llamado“con pompa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, está la facultad del Ejecutivo para privatizar medio centenar de empresas públicas, el fin de las elecciones primarias partidarias y una reestructuración de la Cámara de Diputados que facilita sumar diputados a segundas y terceras fuerzas electorales, como es en este momento el partido de Gobierno, La Libertad Avanza. La ley, de aprobarse, avanza sobre todo tipo de cuestiones. Las Universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán cobrar a los estudiantes extranjeros su formación; se promueve además un blanqueo a las grandes fortunas que llevan años evadiendo impuestos.
Protestas sindicales
“¡Poné la fecha! ¡Poné la fecha!”, se escuchó este miércoles en el centro de Buenos Aires durante la concentración que convocó la Confederación General de Trabajadores (CGT) contra las primeras medidas del Gobierno del ultraderechista Javier Milei. La exigencia estaba dirigida a la central obrera, a quien los manifestantes le reclamaban que llame a un paro general en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que impuso el mandatario con más de 300 reformas que desmantelan el Estado argentino. Horas después, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley con casi 700 artículos que introducen profundas modificaciones en la legislación y el descontento social ha seguido creciendo. El comité central confederal de la CGT se reunirá este jueves para evaluar los próximos pasos contra las reformas del ultraderechista. Sobre la mesa, está la posibilidad de ir a huelga.
La concentración de este miércoles transcurrió sin incidentes hasta el mediodía. La CGT había pedido permiso para manifestarse, según aseguró el Gobierno, que celebró que la central pidiera autorización para protestar. La concentración estuvo contenida en los límites de la Plaza Lavalle, en el centro de Buenos Aires, por un fuerte operativo que desplegó la ministra Bullrich. Fue inevitable, sin embargo, que los asistentes pisaran el pavimento por el tamaño de la convocatoria. Durante la desconcentración de la protesta hubo tensión entre un grupo pequeño de manifestantes con la Policía, que detuvo a al menos seis personas; además, un agente fue herido por un bus.
“El nivel de conflictividad crece”
Las principales centrales obreras del país, la CGT y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), se reunirán para seguir definiendo los próximos pasos. Los sindicalistas consideran que tienen tres caminos para enfrentar las medidas del Gobierno: la Justicia, el Congreso y las calles. Tras los últimos anuncios del Gobierno, la convocatoria a huelga parece más cercana. Rodolfo Aguiar, secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que integra la CTA, cree que es “un dato positivo” haber visto “la plaza desbordada” este miércoles. “El nivel de conflictividad crece y las condiciones para una huelga general están configuradas”, ha asegurado a EL PAÍS el sindicalista.
Aguiar, sin embargo, ha llamado a los trabajadores a “tener paciencia” sobre el llamado de huelga general. Los sindicatos están “midiendo el termómetro”, según señalaron fuentes de organizaciones a este periódico, y definiendo sus estrategias con prudencia. “Los trabajadores esperan que sus representantes sean capaces de unir fuerzas y esperamos que los dirigentes centrales estén a la altura de las circunstancias”, ha instado Aguiar, quien ha señalado que “el tiempo corre a favor de Milei” porque el decreto de necesidad de urgencia impuesto por el ultraderechista entra en vigor este viernes. El paquete de reformas puede ser frenado en el Congreso o en la Justicia, pero mientras eso no ocurra las medidas serán leyes.
Para partidos y movimientos de izquierda, sin embargo, el llamado a una huelga general es acuciante. Este miércoles apoyaron la manifestación, pero desde otro lugar de la plaza, en una columna independiente. Allí, los carteles que alzaban los manifestantes pedían un “paro nacional y activo”. “Vinimos a reclamar el paro nacional y el plan de lucha, que es lo que corresponde con la gravedad de la situación”, aseguró durante la concentración Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, la marcha no fue más que “simbólica”. “Necesitamos una acción de fondo”, exigió el político. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, señaló el legislador.
En las próximas horas, se empezarán a conocer los pasos que darán sindicatos. Los dirigentes sindicales adelantaron que intentarán avanzar “con los mayores niveles de unidad posibles”. Diferentes organizaciones, movimientos y partidos políticos ya avisaron que seguirán movilizándose ante medidas que consideran un “avasallamiento” de sus derechos. No solo en las calles. En las últimas semanas, diferentes sectores –organizados y vecinos autoconvocados– han organizado asambleas en todo el país, cacerolazos y ollas populares para ofrecer comida a las personas que la necesitan. El Gobierno del ultraderechista tiene enfrente una larga temporada de movilizaciones y resistencia popular, pero también se muestra confiado del respaldo que le dieron las urnas.
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