El Gobierno afronta una semana decisiva para intentar cerrar cuanto antes la reforma del subsidio por desempleo, que afecta a unas 800.000 personas que cobran 480 euros mensuales, el 80% del IPREM (el indicador público de rentas). Esta iniciativa forma parte de los objetivos fijados para el cuarto desembolso de fondos europeos, que el Ejecutivo aspira a solicitar en breve y por el que España recibirá unos 10.000 millones de euros. De modo que esta legislación debería estar lista, o al menos encarrilada, antes de que acabe el año. Pero las tensiones sobre cómo rediseñar los subsidios han aflorado entre los ministerios de Economía y Trabajo. La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró esta semana que la reforma era parte de sus competencias y que Economía quería recortar las ayudas. En estas circunstancias, EL PAÍS entrevista al secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés (Madrid, 1973). Sus declaraciones del pasado lunes sobre la necesidad de reforzar el compromiso con la búsqueda de empleo desataron la reacción del Ministerio de Trabajo, que alega que se está estigmatizando a los parados.

Preguntado sobre cuáles son las diferencias y si su departamento busca recortar derechos, García Andrés pone el énfasis en los fines que se persiguen: “Nosotros no queremos subsidiar el desempleo, queremos apoyar el empleo. Nuestras propuestas están basadas en lo que hacen todos los países europeos y en la evidencia empírica”, señala. Y añade que “el sistema actual se diseñó para un momento de necesidad y cuando no había un ingreso mínimo vital, que ofrece una mejor cobertura, protege a toda la familia y además incluye un acompañamiento para tratar de reinsertar a las personas en situación de vulnerabilidad”.

García Andrés sostiene que las propuestas de Economía pretenden que el parado vuelva al empleo y perciba unas rentas mayores, apoyadas además por un complemento al salario ambicioso. Incluso lanza una cifra: según las estimaciones del ministerio, con la reforma de los subsidios se podrían crear hasta 350.000 empleos en dos años. De este modo se reduciría el paro estructural, que sigue duplicando el de los países europeos, se mejoraría la cohesión social, y habría un impacto positivo en las cuentas públicas. “Estamos defendiendo pasar de una política basada en subsidiar a una que dirige todo el sistema hacia fomentar el empleo y que lo hace de forma eficaz”, resume el secretario de Estado.

¿Es competencia esta reforma de Trabajo? “Las grandes reformas estructurales son competencia del Gobierno, con la participación y coordinación de todos los ministerios. Estamos trabajando en los detalles técnicos en colaboración estrecha con todos”, dice.

Mejorar la cobertura

El Ministerio de Trabajo se acoge a uno de los puntos de la reforma pactada con Bruselas, que dice que hay que mejorar la tasa de cobertura, para rebajar los requisitos de acceso y así ampliar el número de beneficiarios en 400.000 personas. Parte de esta cifra vendría de la extensión del subsidio agrario más allá de Andalucía y Extremadura. Pero Economía defiende que la mejor forma de aumentar el porcentaje de personas cubiertas es bajando el paro: en la medida en que haya menos gente en el desempleo, habrá una mayor proporción de ellos recibiendo la ayuda. Esa es la política que hacen el resto de los países europeos y que se identifica como la mejor práctica. De hecho, los informes de la OCDE señalan que en España el sistema de sanciones es muy duro, pero que los controles son bajos. ¿De qué sirve tener las mayores penalizaciones si nadie las comprueba? A la pregunta de cómo se logra cambiar esto, García Andrés contesta que “lo importante es que haya fuertes estímulos”. “Trabajamos en un complemento que brinde una renta adicional y que apoye el empleo con un diseño eficaz, en línea con lo que hacen otros países. Se trata de abordar decididamente la nueva realidad del mercado laboral, con más oportunidades y más estabilidad”, indica el número dos del ministerio.

Trabajo solo quiere que se pueda compatibilizar el subsidio con un empleo durante 45 días. Transcurrido ese tiempo, se perdería y habría que volver a solicitarlo, algo que muy probablemente no compensaría al beneficiario de la ayuda. El ingreso mínimo vital ya permite compatibilizar la prestación con una ocupación durante dos años. Economía aspira a un esquema que iría más en la línea del IMV.

Andrea Comas

La otra forma de impulsar el sistema es “reforzando las capacidades de los servicios públicos para que puedan hacer un seguimiento personalizado y volcarse con el parado mejorando el servicio”, destaca García Andrés. En la Ley de Empleo ya hay establecidas herramientas y se trata de que haya los recursos, de que funcione la recualificación y de que se modernicen los sistemas de información y control, explica. A juicio del secretario de Estado, es importante mantener el impulso reformista para seguir bajando el paro y alcanzar el pleno empleo. “Estamos avanzando en la línea para conseguirlo”, subraya.

Señales positivas en los tipos y los precios

En plena atonía de la economía europea, García Andrés se muestra optimista: “En 2023 los augurios también eran de ralentización. En 2024, pese a la desaceleración global, la economía española seguirá comportándose mejor que las de otros países del entorno. Además, las señales que se aprecian en los tipos de interés y los precios son positivas para el año que viene”.

¿No será más difícil reconducir las cuentas públicas con la ralentización económica y con las presiones que existen para mantener las ayudas contra la inflación? “La trayectoria del Gobierno en cuanto a los objetivos fiscales ha sido clara y el año que viene también se cumplirá. Los precios de la energía se han moderado y ya se han estado reconduciendo medidas. Está en marcha un análisis para evaluar qué se puede mantener en un entorno de precios muy distinto y en el que además entrarán en funcionamiento las nuevas reglas fiscales”, explica el secretario de Estado.

El Ministerio de Economía trabaja también en la tramitación del Real Decreto para implantar la factura electrónica. “Esta iniciativa bajará los costes de gestión de las pymes y autónomos y permitirá tener una mayor información sobre los periodos de pago de las empresas”, comenta García Andrés. La idea es que se apruebe en la primera mitad de 2024 y que se aplique un año más tarde a las grandes empresas y dos años después a las pequeñas y autónomos.

Respecto a los créditos europeos del Plan de Recuperación, Gonzalo cree que estos préstamos son lo suficientemente competitivos como para que interesen a las empresas en un contexto de tipos más altos y de mayores necesidades de inversión para la transformación digital y medioambiental.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal

La agenda de Cinco Días

Las citas económicas más importantes del día, con las claves y el contexto para entender su alcance.

RECÍBELO EN TU CORREO

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

_