Una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca derogar la ley 18/2013, que otorga a la tauromaquia la categoría de patrimonio cultural, se está perfilando como un tema crucial en la política española. Esta iniciativa, que ha recolectado 664.777 firmas válidas, obliga al Congreso a votar sobre el futuro de la fiesta de los toros. Con un plazo de seis meses para la decisión, los parlamentarios tendrán que pronunciarse, lo que podría determinar el destino de una tradición profundamente enraizada en la cultura española.
La ley que se busca derogar fue aprobada en 2013 y ha sido vista por muchos como un respaldo a la tauromaquia como un valor cultural de la nación. Sin embargo, un sector importante de la sociedad y de los políticos considera que su protección restringe las competencias de las comunidades autónomas y los municipios, que deberían tener la potestad de decidir sobre la celebración de estos eventos. Los promotores de la ILP, un colectivo denominado «No Es Mi Cultura», argumentan que la tauromaquia debería ser tratada como un espectáculo público más, y no como un patrimonio cultural protegido por la Constitución.
Hoy en día, las comunidades autónomas poseen la facultad de regular los eventos taurinos, sin embargo, no tienen la capacidad de vetarlos debido a su consideración como patrimonio cultural. Quitar esta protección facultaría a los gobiernos locales para vetar las corridas de toros y otras actividades taurinas si lo desean. Por eso, esta propuesta ha cobrado impulso en varias áreas del país, sobre todo en las zonas donde la tauromaquia tiene menos seguidores.
El Parlamento deberá decidir ahora si conserva esta protección cultural o si avanza hacia la desprotección, lo que permitiría una prohibición más amplia de los eventos taurinos. Esta votación promete ser una disputa política en la que los principales partidos del país tendrán que fijar su posición. El partido gobernante, el PSOE, ha mantenido una actitud ambigua respecto a este asunto. Aunque históricamente ha mostrado respeto por la tauromaquia, ha habido una división interna sobre cómo enfrentar su futuro. El PSOE ha apoyado algunas medidas en favor de la tauromaquia, como la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia, pero también ha tomado decisiones polémicas, como la eliminación de este premio en 2024.
Por otro lado, el Partido Popular y la extrema derecha se oponen a la iniciativa, defendiendo la protección de la tauromaquia como un aspecto fundamental de la cultura española. Mientras tanto, partidos como Esquerra Republicana y Unidas Podemos han apoyado activamente la prohibición de las corridas de toros y se alinean con aquellos que consideran que la protección de la tauromaquia es un anacronismo.
El triunfo de la ILP podría transformar profundamente el ámbito taurino, posibilitando que las administraciones locales decidan sobre la realización de estas actividades. Asimismo, la supresión de la ley que ampara la tauromaquia influiría en otros ámbitos vinculados, como la financiación estatal para el impulso de las corridas de toros y su incorporación en proyectos culturales, como el Bono Cultural Joven.
En cuanto a la práctica de la tauromaquia, los datos oficiales muestran una ligera disminución en el número de festejos en los últimos años. En 2023, se celebraron 1.474 corridas, frente a las 1.546 del año anterior. Sin embargo, estas cifras aún superan los números previos a la pandemia, lo que indica que la tauromaquia sigue siendo una tradición presente en varias regiones del país, especialmente en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.
