La mayoría de los países desarrollados han abolido los impuestos sobre el patrimonio neto. Sin embargo, en España se sigue aplicando este impuesto y es el más elevado, con una carga impositiva de hasta el 3,5%. Entre los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia introducen este tipo de impuestos, aunque a tipos mucho más bajos que en España.
Según datos de la OCDE, el impuesto sobre el patrimonio en España es progresivo, variando desde el 0,16% en Navarra hasta el 3,5% para activos superiores a 700.000 euros.
Además, en 2022, el gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto al patrimonio, aplicable entre el 1,7% y el 3,5% para quienes tengan activos superiores a tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con bienes en el extranjero, mientras que los bienes situados en España están sujetos al impuesto aunque su propietario no sea residente en el país.
En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros, el 0,7% va a los municipios y el 0,3% al gobierno central. Para activos superiores a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos sobre el patrimonio varían según el cantón, con tipos entre el 0,3% y el 0,5% y se aplican tanto a los activos nacionales como a determinados activos extranjeros.
Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, la carga fiscal para las grandes propiedades en España es mayor que para propiedades comparables en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita de Suiza es tres veces mayor que el de España y el PIB de Noruega es 2,5 veces mayor.
Los expertos creen que este tipo de impuestos es ineficiente, por lo que muchos países desarrollados han decidido abolirlos. Según la OCDE, el impuesto sobre el patrimonio en España supuso el 0,54% de los ingresos tributarios totales en 2022, equivalente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% de los ingresos tributarios totales, equivalente al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos tributarios por este impuesto representaron el 4,35% del total, equivalente al 1,19% del PIB.
Los expertos aseguran que estos impuestos fomentan los bajos ingresos, los altos costes administrativos y la evasión fiscal. La economista Cristina Enache explica en un artículo para el think tank Tax Foundation que estos impuestos son ineficaces por su mal diseño y sus elevados costes de implementación.
En 2021, el Tribunal Supremo de los Países Bajos declaró que este tipo de impuestos viola la justicia europea. En España, los ayuntamientos de Madrid, Galicia y Andalucía han recurrido ante el Tribunal Constitucional el “impuesto de solidaridad” de Pedro Sánchez.
Para contrarrestar la supresión del impuesto sobre el patrimonio en algunas comunidades autónomas, se introdujo el llamado “impuesto temporal de solidaridad”, que grava los activos superiores a tres millones de euros. El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.
En respuesta, los municipios de Madrid, Extremadura y Andalucía han ajustado su propio impuesto sobre el patrimonio e introducido un impuesto regional que compensa la diferencia con el impuesto estatal de solidaridad y ofrece una bonificación del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también han elevado el límite de exención a tres millones de euros, Murcia a 3,7 millones de euros.
