La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillény de no menos de 19 años y 5 meses para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroadeclarado culpable de lavado de comensal en EE.UU.
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Así lo indica el hasta ahora documento últimojudiciar del caso de los dos ciudadanos venezolanos, que fueron extraditados a EE.UU. desde España en 2022 y juzgados ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale (sur de Florida) y recibirán sus sentencias este miércoles 19 de abril si no hay otro nuevo aplazamiento.
En el documento confirmado, entre otros, por Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraude de la Fiscalía General de EE.UU., se exponen las razones por las que, a su juicio, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa deberian ser castigados con una sentencia severa por el juez William P. Dimitrouleas.
Soldado y empresario venezolano, fue jefe de seguridad de Hugo Chávez.
Cortesia Chavismo Inc
«La naturaleza y las circunstancias de su participación en un enorme esquema de lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa», del documento de 23 páginas .
La Fiscalía dice que no menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él «serían lo suficiente y nom más de lo necesario» dada la gravedad de los delitos cometidos. A ello se sumaría el decomiso de sus propiedades y multas.
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez -son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se radicaron en España en 2016, según alegan, porque eran perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Ambos tienen doble nacionalidad venezolano-española. La Fiscalía calculó que obtuvo un mínimo de 136 millones en ganancias como resultado de su participación en el plan de corrupción basado en el sistema de control de cambios en Venezuela.
corrupcion en venezuela
diciembre 13 el jurado del juicio halló culpable a Díaz Guillén de espalda de los tres cargos que le imputaban ya Velásquez Figueroa culpable de tres cargos.
Los abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara el argumento de que el Gobierno estadounidense carecía de «jurisdicción extraterritorial» en este caso.
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Formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció desde 2011 hasta 2013, y él fue el jefe de seguridad de quien fue jefe de Estado de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013.
El empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del venezolano Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos.
Según su ficha, Gorrín fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), otro de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve más de lava – platos.
El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos -Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, que también fue tesorero nacional- para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.
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Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario probablemente les pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residentncias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
Andrade Cedeño, que supo residencia fija en EE.UU. después de la muerte de Chávez, se declaró culpable yfUE condenado a 10 años de prisión en 2018como parte de un acuerdo que incluye el decomiso de 1.000 millones de dólares y el decomiso de todos los involucrados en el esquema de corrupción.
Para ocultar los sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma y probablemente se asoció con otras personas para adquirir el Banco Peravia, en República Dominicana, con el fin de blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.
Al pedir sentencias duras para el matrimonio, la Fiscalía subraya que han tratado de «ignorar, minimizar y distraer la atención» sobre lo que hicieron y demostrado «una falta de remordimiento por los crímenes que cometieron y el daño causado como resultado de su codicia y abuso de poder».
EFE
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